En una entrevista realizada por Contracara, la Dra. González Prado, abogada de familia, cuenta cuál es la situación actual de Mendoza respecto a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles. Además, se muestra positiva respecto al veredicto final que dará el Congreso de la Nación acerca de la Legalización del Aborto el 13 de junio.
Por Constanza Ramírez
A partir de las repercusiones dadas por el caso de la niña de once años oriunda de San Carlos, violada por su padrastro y embarazada de casi cinco meses, se renovó el pedido para que Mendoza adhiera a la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos no Punibles.
Ésta guía que ya cuenta con ocho años y que según el artículo 86 del Código Penal es una herramienta en materia de salud destinada a sentar las pautas a seguir por las provincias al momento de abordar los casos en que esta práctica es requerida, no ha contado con el consenso necesario en la Legislatura Provincial para que su aplicación sea efectiva.
Según el diario Los Andes el protocolo aún debe pasar por dos comisiones en las que hay senadores en contra del aborto. La primera es la de Salud, en donde hay cuatro senadores de la UCR y tres PJ. De allí, el proyecto debe ir a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en donde el oficialismo también es mayoría. Antes, estuvo en la comisión de Género, en donde obtuvo despacho favorable.
Contracara entrevistó a la Doctora en Derecho Público y Filosofía Político-Jurídica Patricia González Prado, abogada de familia y feminista, quien recientemente publicó su libro llamado “Aborto y la autonomía sexual de las mujeres” basado en su tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. González explicó cómo es la situación actual en Mendoza respecto al protocolo anteriormente mencionado.
Respecto a la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles ¿Cómo ve la situación en Mendoza?
La situación de Mendoza es crítica respecto a la guía de aborto no punible porque no sólo no tenemos un protocolo por más de que la Ministra (refiriendóse a la Ministra de Salud de Mendoza Nélida Elisabeth Crescitelli) haya dicho la semana pasada que sí existe una ficha técnica, no sabemos a qué se refiere con esa ficha, pero lo cierto es que no hay un protocolo que haya elaborado la provincia y tampoco se ha adherido a la guía nacional.
Esto significa que no hay una decisión política de transmitir a los efectores y a los hospitales claridad de cómo y cuándo intervenir en los ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Significa también que no se ha hecho una campaña de difusión y formación a los y a las profesionales. La excusa del gobierno, esta semana, ha sido que ellos lo tienen, pero lo tienen en secreto, esto es absurdo, tratándose de una política pública y por otro lado es contradictorio, con lo que la Ministra actual dijo cuando asumió que es que iban a “estar expectantes” que se puede leer como que no iban a respetar a los ILE hasta tanto se resolviera en el Congreso los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo siendo que son dos temas muy diferentes.
El número de ILE que dice la Ministra que se han realizado este año que son siete da cuenta de que no se accede a la interrupción voluntaria del embarazo, no es solo que no exista protocolo, sino que tampoco hay acceso y una cosa esta conectada con la otra porque las situaciones de abuso a niñas y de embarazos superan ampliamente esta cantidad expresada por la Ministra.
Entonces, la provincia se encuentra en una situación de generar violencia institucional contra las mujeres por omisión, siendo que desde el año 2012 el fallo F.A.L dio un mandato de adecuar en las provincias procedimientos y sancionar protocolos para garantizar que las mujeres y personas con la capacidad de gestar tenían acceso al aborto en las situaciones previstas por la ley.
¿Cree que este proyecto, que está en la Legislatura de Mendoza desde el año 2014, podrá llegar a obtener consenso para la posterior adhesión de la provincia?
En la legislatura de Mendoza hay muchos proyectos, no hay un solo proyecto de protocolo, hay algunos que son más restrictivos y también algunos que prevén la adhesión a la Guía nacional. Personalmente, creo que no va a tener consenso, porque la Ministra ha hecho declaraciones esta semana, de que no hace falta una norma porque ellos ya tienen una guía técnica en el Ministerio, guía técnica que al parecer es desconocida por todo el mundo. Creo que además no hace falta un protocolo si contamos con voluntad política de garantizar, de hacer formación y capacitaciones a los y a las profesionales del ámbito socio-sanitario.
Respecto al caso de la niña de San Carlos, de 11 años, violada por su padrastro y con un embarazo de casi cinco meses ¿Cómo fue que pudieron intervenir distintas profesionales y feministas en el caso?
Esto es algo que desde quienes formamos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito hacemos desde hace muchos años, cuando tomamos conocimiento, por los medios de prensa, de alguna niña violada y embarazada lo que intentamos hacer es acercarnos para ofrecerle asesoramiento e intentar que acceda a las interrupción legal del embarazo porque lo cierto es que en muchos casos cuando llegan a los hospitales lo que se hace es manipularlas culpabilizándolas, amenazándolas y bajándoles determinados criterios morales y religiosos para que ni siquiera soliciten o cambien de opinión cuando solicitaron un aborto.
También algo que nos preocupaba era que en los últimos casos que intervino el Programa de Salud Sexual y Reproductiva lo que nos fue comunicado cuando le preguntamos a la Directora del Programa (Dra. Roxana Cabrera) que había pasado con esas niñas, si se había garantizado una consejería libre de sesgos de género, nos dijo que todas esas niñas querían continuar los embarazos y esto nos resultó preocupante, nos llamaba la atención y nos preguntamos cómo se habían realizado esas consejerías porque lo que nos debe llamar la atención es que una niña quiera tomar una decisión de continuar un embarazo producto de una violación. Nosotras desde la Campaña, tomamos conocimiento del caso y ahí nos pusimos a buscar algún tipo de contacto, hasta que lo encontramos, las instituciones por lo general blindan a las niñas para impedir que lleguemos y esto no tiene que ver con garantizar la confidencialidad, sino muchas veces impedir que lleguemos las feministas, que lo que siempre nos proponemos es garantizar el acceso a la información y el conocimiento de los derechos que se tienen en estos casos.
¿Es común ver en la provincia casos como este?
Sí, es muy común ver en la provincia, cada vez más. Los números exactos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes no los tengo, pero es algo que se podría averiguar en el Ministerio Público Fiscal en la procuración. El procurador Gullé, debería tener estos
números por lo menos de los casos que se denuncian, también la Dirección General de Escuelas a través de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares) debe tener sistematizado los casos de abuso sexual que se identifican en las escuelas. Son muchísimos, es una de las mayores problemáticas que golpea a la niñez y a las mujeres la de violencia sexual y en el caso de niñas y adolescentes muchas veces el embarazo es lo que evidencia las situaciones crónicas.
A nivel nacional y a sólo días de la votación en el Congreso Nacional por el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ¿Cómo ve el panorama?
A nivel nacional creo que el aborto va a ser legal, creo que el Congreso va a despenalizar y legalizar, creo que cuando esto se largó, se tenía lo suficientemente medido y se había podido captar por parte del gobierno que la opinión social mayoritaria ha cambiado y esto ha cambiado producto de años de lucha de la Campaña y de organizaciones feministas a lo largo de todo el país, del trabajo de los acompañamientos y de poder realmente desmitificar un montón de falsos conceptos que habían alrededor del aborto.
¿Qué puntos del Proyecto le parecen más importantes?
Lo que me parece importante del proyecto de la Campaña que prevé cómo se deben garantizar las prácticas en todos los efectores públicos, esto es algo que no debe mantenerse privatizado ni tercerizado. También prevé la situación de las niñas y de las adolescentes y no incorpora una regulación de la objeción de conciencia que haga imposible el acceso al aborto, esto creo que es algo muy importante del Proyecto. Creo que catorce semanas son pocas, pero es un mínimo que se ha podido consensuar con diferentes fuerzas políticas.
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