El Ejecutivo Provincial intervino las denuncias de docentes por el ítem aula. El Ministerio Nacional de Trabajo dio lugar al pedido de la lista azul-naranja (PJ) para intervenir en el SUTE. Gobierno Nacional y provincial buscan disciplinar el sindicato más combativo de la provincia.
Por Giulia Pigliónico
Trabajadoras y trabajadores de la educación concentraron en el kilómetro cero de la ciudad para manifestarse en contra el fallo de la corte suprema que rechaza la inconstitucionalidad del “ítem aula”. La medida se realizó el miércoles por la tarde después de que se publicó la resolución en favor del gobierno de Mendoza tras la intervención de Alfredo Cornejo sobre la Sala 2 de la Suprema Corte para frenar el fallo.
“¿De qué se trata este ítem que los docentes definen como extorsivo? La página oficial de la Dirección General de Escuelas (DGE) aclara que el “ítem aula” fue agregado en el 2016 cuando el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, cerró por decreto la paritaria docente. El decreto 228/16 definió quiénes y en qué condiciones cobrarían el ítem. El mismo es una parte del salario docente, el 10%, que sólo se les paga a trabajadores y trabajadoras de la docencia que están frente al aula. Es decir, es una parte del salario que se le descuenta a personas con licencia gremial, misiones especiales, bibliotecarios y bibliotecarias, celadores y celadoras, etc. Esta parte del salario se descuenta si se superan las 3 inasistencias justificadas por mes o 10 inasistencias justificadas al año. Además, el artículo 7 ratifica que es “remunerativo” y “no bonificable”, lo que significa que, si bien se cobra en blanco, es decir que es un monto que aparece en el bono de sueldo, no aporta nada a las jubilaciones.
El ítem fue criticado por los docentes e integrantes del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) quienes presentaron una denuncia ante la corte suprema de justicia provincial para que se declare inconstitucional ya que viola, entre otros, el derecho a huelga de los y las trabajadores de la docencia. La sentencia, a favor del gobierno, se conoció el martes a la noche, en la que suscriben Dr. Jorge Horacio Nanclares, Dr. José V. Valerio, Dr. Pedro Jorge Llorente, Dr. Alejandro Pérez Hualde, Dr. Mario Daniel Adaro, Dr. Omar Alejandro Palermo y el Dr. Julio Ramón Gómez. En el mismo, las declaraciones de Adaro confirman que habían 2de3 votos depositados que cuestionaban el decreto del ejecutivo cuando Cornejo intervino para frenar el voto de Valerio y que la votación sea plenaria. Adaro votó por la inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 8 que establece un máximo de 3 faltas en el mes y 10 faltas en el año y es por eso que Afredo Cornejo había presentado un recurso para que el fallo no lo resuelva la sala correspondiente a denuncias laborales sino toda la suprema corte.
Frente al fallo, el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, dijo en conferencia de prensa: “Es un fallo que no tiene nada de carácter protectorio en términos de la salud de los trabajadores de la educación, tampoco tiene en cuenta los Convenios Colectivos de Trabajo y gravemente se desconoce lo que plantea la Constitución Nacional y los convenios internacionales a los que suscribe nuestro país, respecto a cuestiones que son políticas de Estado en todo el mundo. Este es un fallo que permite que el Estado desaliente, por ejemplo, la transfusión de sangre, que no está contemplada en el ítem aula o el trasplante de órganos. Es un fallo que no protege a la mujer embarazada. Recordemos que las embarazadas estaban amparadas por un convenio colectivo firmado en paritarias, que implicaba que, ante cualquier enfermedad durante el embarazo, la trabajadora igual debía cobrar su salario íntegramente”. Además, aclaró que el sindicato va a apelar a la corte suprema de justicia nacional y que van a seguir movilizados contra este ítem que atenta contra la salud y el derecho a huelga de los y las trabajadores de la educación.
Pero no es el único fallo que perjudica a los y las trabajadoras de la docencia. Hace unos días, el Ministerio de Trabajo Nacional dio lugar a un pedido de Azul Naranja, lista del PJ dentro del SUTE, para declarar nulos 28 votos firmes de la mesa 24 del departamento de Guaymallén, efectuados en el marco de las elecciones del SUTE de hace nueve meses. El Frente Azul Naranja (PJ) pidió al ministerio nacional, precedido por Jorge Triaca, que se anularan los votos al frente Frente Unido por la Recuperación del SUTE (FURS) ya que tenían la boleta de Lavalle, en vez de la de Guaymallén. El pedido se hizo a pesar de que la Junta Electoral, en manos de la Celeste y la Azul Naranja, haya dictaminado que la intención de voto era clara y que eran votos para el FURS.
Sobre esto Paola Vignoni, secretaria de finanzas del SUTE seccional Guaymallén, dijo: “Es otra intervención del gobierno de meterse en la vida interna de una organización sindical recuperada que le ha hecho frente a este gobierno en las paritarias y en la calle. Claramente es parte del proyecto de gobierno nacional y provincial, aniquilar y desarmar las organizaciones sindicales. Esto es un precedente muy grave, creemos que es un arreglo político que hace la azul-naranja PJ con el gobierno de la provincia. Nosotros decimos que vamos a respetar a los compañeras y compañeros que eligieron otra conducción y eligieron otro proyecto de sindicato”.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, hace unos días, declaró en conferencia de prensa que había decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica que desde el gobierno se van a seguir las recomendaciones del FMI: bajar los salarios, subir la edad jubilatoria a los 70 años, reducir las partidas de gasto social e imponer una dura reforma laboral. A esto los sindicatos dirigidos por el peronismo respondieron que realizarán movilizaciones sin paro para el 9 junio. En este contexto, el gobierno interviene en el poder judicial para aplicar un ítem que atenta contra el derecho a huelga de los y las docentes. No sólo eso, el oficialismo, de la mano del PJ, interviene también el sindicato más numeroso de la provincia que viene demostrando su fuerza en las calles. El pasado 26 de febrero, el SUTE convocó a una marcha donde asistieron alrededor de 10.000 personas que exigían “más para educación”. Claramente estos sectores de poder están intentando disciplinar a los y las trabajadores para el ajuste que planean descargar sobre sus espaldas.
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