Desde la aparición del decreto gubernamental 248/18, el cual permite la práctica de fractura hidráulica para la explotación de los recursos naturales del suelo mendocino, los argumentos y voces en contra del mismo se han multiplicado. Movilizaciones, peticiones, denuncias y estudios ambientales aportan más cuestionamientos a la iniciativa oficialista.
Por Gonzalo Catulo
La problemática del Fracking se hizo presente entre las y los habitantes de Mendoza a partir de una serie de sucesos tales como la emisión por parte del Poder Ejecutivo provincial del decreto 248/18. El mismo puede verse en el Boletín Oficial del ministerio de Economía, Infraestructura y Energía presentado el pasado 5 de mayo.
El descontento entre la población quedó evidenciado con las diferentes manifestaciones, desde finales de abril, en repudio al fracking, en diferentes puntos de la provincia. Entre los testimonios de las personas que participaron de las mismas están los de Antonella, estudiante de enfermería, quien dijo que “se mueve por el futuro de sus dos hijas” y Lionel Maldonado, estudiante universitario, asistente a estas “protestas masivas en las calles y en las plazas” mendocinas. “La primera manifestación fue una noche; fue espontánea y buscábamos la visibilización del reclamo, hacer un poco de quilombo para que la gente se entere. Me parece muy bueno que se hable y se concientice a la población. Yo estoy en contra del fracking y de la depredación de los recursos”. A su vez, Maldonado, contó que el lunes 30 de abril, “hubo una asamblea de más de 500 personas que cerramos con una marcha en la calle y, de repente, éramos 1500. No sé de dónde salió tanta gente, fue increíble”. También se sumó la voz de Álvaro Vargas, un joven trabajador en relación de dependencia, quien sostuvo que “es importante difundir; que se corra la voz. El pueblo está activando y tenemos que estar unidos”. Todas estas declaraciones se dieron a Contracara en el marco de las convocatorias hechas por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) y la Asamblea Popular por el Agua.
Ante este escenario es menester preguntarse qué es el Fracking. Enrique Viale, abogado especializado en Derecho ambiental, explicó, en declaraciones a Diario Perfil, que se trata de una técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales muy cuestionada en el mundo. “Está prohibida en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en algunos estados de EE.UU.”, agregó. El decreto 248/18, en su artículo tercero, aclara cuáles son los hidrocarburos no convencionales; “Explotación No Convencional de Hidrocarburos: extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (shale gas o shale oil), areniscas o calizas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad”. Viale aclaró, además, que “la traducción de fracking es fractura hidráulica, a través del agua y muchos químicos se fractura la roca a miles de metros de profundidad. El proceso termina con todos esos centenares de miles de litros de químicos en las aguas subterráneas, generando contaminación". El decreto que permite el fracking asignó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial como autoridad de aplicación.
La polémica en torno al fracking se focalizó, desde un primer momento, en la contaminación y el uso del agua en una provincia que se ha declarado en emergencia hídrica. Respecto de esto, Miriam Skalany, ingeniera química y directora de Protección Ambiental provincial, defendió el decreto del gobernador Cornejo. "Está reglamentado que se utilice agua de formación, que es agua que no es apta para ningún uso. El fluído de la estimulación es 94,5% de agua, el 5% es arena y el 0,5% de aditivos. De esos aditivos, lo poco que puede quedar está a 2500 metros de profundidad, que es donde se realiza el proceso. Es muy improbable que afecte a las napas que están a 300 metros de profundidad". El decreto dice que "puede usarse agua de formación" pero nunca rechaza rotundamente la posibilidad de usar agua potable.
Sin embargo, el diputado provincial por el FIT, Lautaro Jiménez cuestionó, a través de su cuenta de Twitter, que “experiencias piloto de Malargüe se han llevado adelante en la cuenca endorreica de la laguna de Llancanelo. Allí la formación geológica tiene características naturales que aumentan los peligros de contaminación de las napas” y agregó que “hay derrames en las zonas de Malargüe donde los pozos y las cañerías son nuevas”. A su vez, en declaraciones a Radio Uno de Alvear, el científico magister en Biotecnología, miembro de la organización Ecoleaks, Esteban Servat, denunció la existencia de dos expedientes, con estudios realizados por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento de Irrigación de Mendoza, respectivamente, que aseguran que el agua de Malargüe sufrió contaminaciones en pruebas piloto realizadas el pasado año.
En agosto de 2017, el gobierno provincial autorizó la técnica de fractura hidráulica en cuatro pozos; estos trabajos se usaron como piloto para evaluar la técnica y elaborar una norma ambiental específica. Federico Soria, referente ambientalista, criticó, en aquella ocasión, que “se autorizó por primera vez el fracking en Mendoza, sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública”. Según el dictamen de la Dirección de Protección Ambiental, el volumen de agua necesario para la actividad de estimulación de los pozos correspondía a “2500 metros cúbicos por pozo. A ella se le adicionarán productos químicos y arenas para luego ser inyectada a una gran presión con la finalidad de provocar la estimulación”. Según el portal El Inversor Energético y Minero, el agua utilizada fue proveniente de la Batería Cerro Mollar con no más de mil metros cúbicos extraídos del río Salado.
Otro cuestionamiento es del ámbito legal. AMPAP emitió un comunicado en el que apoya la ley provincial 7722, y las ordenanzas municipales de General Alvear (nº 3934/13), San Carlos (nº 1431/13) y Tupungato (nº 28/13) -que protegen al agua como un bien comunitario- y denuncia el carácter de inconstitucionalidad del decreto 248/18. La organización socioambiental Oikos presentó ante la Corte Suprema de Justicia el pedido de inconstitucionalidad del mismo, según lo mencionado en la declaración de AMPAP. El documento denuncia, también, que la Municipalidad de General Alvear propuso agregar al decreto en cuestión una “zona de exclusión para delimitar el área de explotación de hidrocarburo no convencional por fracking”. Esto avalaría la fractura hidráulica como método extractivo, contradiciendo su propia Ordenanza Municipal redactada en 2013, y dejaría al resto del territorio como “zona de sacrificio” para la explotación no convencional de petróleo y gas.
Entre las posturas que se oponen al fracking hay, al menos, 48.000 personas que firmaron la petición de la ONG internacional Greenpeace a la campaña en defensa del agua (la cual puede verse entre las peticiones del portal web www.hagamoseco.org), las/os miles de personas movilizadas en plan de lucha, las Asambleas en defensa del agua, profesionales y científicos especializados en la disciplina socioambiental. También representantes gremiales de la clase trabajadora como Roberto Macho, de ATE, quien expresó públicamente su “no rotundo al fracking y los ajustes”.
Los argumentos a favor tienen, entre sus referentes, al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Malargüe, Carlos Vázquez, quien fue denunciado unos meses atrás, por miembros de ATE Seccional Malargüe, por extorsión y amenazas a un ex empleado municipal. La denuncia se hizo pública en declaraciones a www.fmeolica.net. Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza; al gobernador Alfredo Cornejo; y la ya mencionada Skalany, son otras de las voces que promueven el fracking.
En conclusión, existe una evidente voluntad política del gobernador y algunos sectores empresariales por imponer el método extractivista de fracking en Mendoza pese a las pruebas presentadas y las quejas de miles de habitantes. La referencia de la lucha de los movimientos políticos y organizaciones socioambientales que levantaron las banderas contra la contaminación y en defensa del agua y los bienes comunes a lo largo de los años invita a no bajar los brazos, a promover las mejores prácticas relativas a la utilización de los derechos humanos en la formulación de políticas medioambientales tal como lo estableció en 2012 el Consejo de DD. HH. de la ONU y luchar para contar con un ecosistema sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
Comments