El Ejecutivo nacional, a través del ministerio de Hacienda, brindó detalles acerca del tipo de acuerdo alcanzado con el Organismo económico. Entre las medidas a tomar se mencionan subas de tarifas y reducción de personal público. Lagarde, titular del Fondo, se mostró conforme.
Por Gonzalo Catulo
El ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, dio a conocer, el miércoles 14 de junio, por medio de su portal de Internet, la Carta de Intención que el Gobierno Nacional presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI). El texto se titula “Carta de intención, Memorandum de Políticas Económicas y Financieras y Memorandum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI”. El archivo puede ser descargado, desde el mencionado portal, en dos versiones, una en inglés y otra en español.
El ministro de Hacienda, Dujovne, y el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, solicitaron a través de esta carta, dirigida a Christine Lagarde, presidente del FMI, un acuerdo stand-by por un período de 36 meses por un monto de 50mil millones de dólares. El mismo miércoles fue anunciado Luis Caputo como nuevo titular del BCRA.
¿Qué es un acuerdo stand-by?
El FMI publica, en su portal de Internet oficial, una descripción acerca de los créditos stand-by. Éstos consisten en un contrato que permita al FMI adaptar préstamos a las necesidades de los países de manera rápida y respaldar medidas que “ayuden a salir de la crisis” a quienes lo soliciten; “para acceder a un acuerdo stand-by, con sujeción a las políticas del FMI”. La duración es “flexible, pero no mayor de 36 meses”
Entre las características de este tipo de Acuerdo, el FMI menciona en su sitio de Internet que “Cuando un país solicita un préstamo al FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar. Estos compromisos, incluida la condicionalidad específica, se describen en la carta de intención del país miembro”.
Suba de tarifas y reducción de empleo público en la agenda política del Gobierno
En el documento que presentó Hacienda se mencionan algunos puntos claves del ajuste fiscal. Entre los mismos, Contracara destaca la reducción del empleo público, la no renovación de cargos en puestos no prioritarios, el congelamiento de nuevas contrataciones en el Gobierno nacional durante dos años y la eliminación de “posiciones redundantes”.
El texto menciona, además, “la reducción de los subsidios”, es decir la suba de tarifas, de la energía y el transporte. El precio de esos servicios pasará desde el 80 por ciento hasta el 90 por ciento en 2020 para el gas y desde el 60 por ciento hasta el 90 por ciento para la electricidad.
Reforzar la autonomía del BCRA, objetivo inmediato oficial
En el artículo editorial de El Cronista, “Los compromisos del Gobierno con el FMI”, se destaca la intención de reforzar la autonomía del BCRA y el compromiso del Ejecutivo nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para dotar de una nueva carta orgánica a la entidad económica.
Según el informe “Autonomía del Banco Central: Lecciones desde las tendencias globales”, de Marco Arnone, Bernard Laurens, Jean-François Segalotto y Martin Sommer, publicado por el FMI en 2007, el BCRA es el más autónomo políticamente del Mercosur ya que la Institución no está “sujeta a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional en la formulación y ejecución de política monetaria”; aunque no sería, en la región, “el más autónomo económicamente”.
Para este estudio, el BCRA es “políticamente” más autónomo, inclusive, que las autoridades monetarias de EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá.
Al respecto, Alberto Acosta Garbarino, economista liberal paraguayo, en su columna de análisis para ABC Color, opinó que la autonomía permite al Banco manejar “la maquinita de hacer dinero” independientemente de intereses políticos; y agregó que “se le otorga a los directores estabilidad por el período en que han sido electos y se les permite manejar el presupuesto monetario”.
Si el BCRA reforzara esta característica; ¿cómo se discutiría el presupuesto nacional y de qué manera se emplearía?
El visto bueno de Lagarde
En un comunicado emitido desde Washington, Lagarde, titular del FMI, elogió “el esfuerzo y la ambición” del Gobierno y añadió que “establece metas de inflación realistas que regirán la conducción de la política monetaria”. El cumplimiento será monitoreado por el FMI. Según informan Ámbito Financiero y El Cronista, una misión del FMI viajaría a Argentina en septiembre.
En declaraciones a Contracara, el dirigente piquetero, Juan Marino, consideró que mediante este acuerdo Macri decidió entregarle el mando al FMI y “tenemos a Lagarde en el gobierno de nuestro país”. Marino agregó que todas las agrupaciones y organizaciones sindicales y políticas de la oposición deben unirse para enfrentar las políticas de ajuste y evitar que Argentina “caiga en las garras del FMI”.
En ese contexto, el viernes 15 de junio, el diputado Nicolás del Caño y la diputada Nathalia Gonzalez, del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presentaron en declaración conjunta una propuesta en el Congreso para que el acuerdo con el FMI sea sometido a consulta popular. Dicha declaración sostiene que “el pueblo trabajador, que verá nuevamente hipotecado su futuro, debe ser consultado”.
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