María Riot, trabajadora sexual y actriz porno disertó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo junto a Mónica Lencinas, Fátima Olivares y Lía Ruiz Vera, representantes de la Asociación de Meretrices Argentinas (AMMAR). Criticaron el modelo de Mendoza.
Por Micaela Iannizzotto
El jueves 24 de mayo las trabajadoras sexuales María Riot de Buenos Aires, Mónica
Lencinas de San Juan, Fátima Olivares y Lía Ruiz Vera de Mendoza, miembras de AMMAR, realizaron una “Jornada sobre el trabajo sexual” para las y los estudiantes de la universidad, profesoras y profesores, y público en general. En el evento, las disertantes explicaron cómo es la situación de su trabajo.
En ese sentido, María Riot expuso: “No contamos con obras sociales, con poder hacer aportes, no estamos reconocidas desde el Estado, ni desde la sociedad, por eso es muy importante para nosotras estar hoy acá en una Facultad de Derecho. Es la primera vez que hacemos una charla en Mendoza, sabemos que es una provincia muy conservadora y la doble moral está presente en todos lados”, expuso Riot. Y en la misma línea, Lencinas agregó: “Nos autopercibimos como trabajadoras sexuales, no queremos que nos rescate nadie, queremos derechos laborales”.
Trabajo sexual versus explotación sexual
Las representantes de AMMAR plantearon que se debe distinguir el trabajo sexual autónomo de la trata de personas con fines sexuales y entienden que es el Estado el responsable de terminar con ese delito. En ese sentido, Lencinas argumentó: “Una mujer que ha sido captada por una red de trata no va a decir libremente que es trabajadora sexual. Ahí tiene que estar el Estado buscando a esas mujeres, pero lamentablemente se van por el lado más fino que son las trabajadoras sexuales, nos persigan a nosotras y no llegan a esas mujeres que tiene que ser rescatadas”. Asimismo, Riot agregó que equiparar el trabajo sexual y la trata hace que no se pueda trabajar realmente contra la trata de personas.
La situación de Mendoza
Fátima Olivares y Lía Ruiz Vera que desempeñan la prostitución en la provincia explicaron
cómo es el escenario en Mendoza. En concreto, el Código de Convivencia de Mendoza plantea en su artículo 41 que: “Se prohíbe el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la Ciudad de Mendoza (...)”. Y el artículo 42 que establece el régimen de sanciones, plantea que “La autoridad municipal se limitará inicialmente a recordar a las personas que incumplieran este precepto, que dichas prácticas están prohibidas por la normativa vigente. Si estas personas persistieran en su actividad, se procederá al inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador y a toda aquella actuación que
legalmente corresponda derivada de la identificación de dichas personas”.
Olivarez y Ruiz, argumentaron que a partir de las multas a los clientes que se aplican en Mendoza, las trabajadoras sexuales se ven envueltas en mayor clandestinidad y marginalidad. “Queremos una ley para que los códigos contravencionales sean regularizados. Las chicas siguen siendo detenidas por 20 o 30 días. El gobierno no quiere que trabajemos, nosotras pertenecemos a la CTA (Central de Trabajadores de Argentina) porque nos reconocemos como trabajadoras”, dijo Olivares.
A su vez, Ruiz Vera, trabajadora trans, planteó que la situación es peor para las trans quienes, además, son la mayoría de las que ejercen la prostitución en el país. Con respecto a este punto, Riot, sostuvo que desde AMMAR quieren que el trabajo sexual sea una opción laboral más para las trans y no el único destino.
Camino legal
Para concluir con el encuentro, María Ríot, expuso que están trabajando en un proyecto de ley “queremos los derechos básicos: obra social, jubilación y no mucho más. Hoy no hay una ley de trabajo sexual solo hay una ley de trata”, indicó. Riot se refiere a la Ley 26364 sancionada en 2008 que establece que: “Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”.
“Tenemos que tener conciencia de clase y de la realidad. La prostitución existe y desde
AMMAR sabemos que la única respuesta es el reconocimiento de derechos que son vulnerados”, finalizó Riot.
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